SI JAVIER ALVARADO ES
INOCENTE….ENTONCES ¿PORQUÈ ESTÀN PRESOS LOS EX -ALCALDES NUMA RUEDA DE CHILCA Y JOSÈ ARIAS DE ASIA?
El “modus operandis” utilizado en las municipalidades de Chilca y Asia fue el mismo que se utilizó
en Lunahuanà…
Mas allá de las naturales relaciones
amicales y, eventualmente publicitarias, que puedan existir con algunas
autoridades; por línea principista, resulta inaceptable que pretendan insultar la inteligencia y sentido común
del Pueblo, en casos de presunta corrupción en que se encuentran involucradas.
En este contexto, nos reafirmamos en que
mil veces preferimos que se nos cierren las puertas de cuestionadas
autoridades, pero que ¡jamás! se nos cierre las puertas del pueblo.
En el proceso penal que se le sigue, desde hace 12
años, al ex – Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lunahuanà, Javier Jesús
Alvarado Gonzáles del Valle y otros, por
el emblemático caso “Telefónica”, comienza a vislumbrarse que, mediante “el
criterio discrecional” de la híper cuestionada Fiscal Penal de la Provincia de
Cañete, Elizabeth Vadillo Leaño, desde el inicio vició el caso (mismo Noé
Cárdenas Ortiz) enviando al archivo la denuncia penal contra Alvarado y otros.
Posteriormente, la misma Fiscal
Vadillo reabre el caso e incluso solicitando 11 años de pena privativa de la
libertad efectiva para Javier Alvarado y otros. Al igual que en el caso del
locutor-alcalde Richard Yactayo, ahora la defensa legal del ex – alcalde de
Lunahuanà presenta sendas solicitudes de
habeas corpus en Juzgados Penales del Callao y de Chincha, denunciando a la
Fiscal Elizabeth Vadillo por atropello a su derecho al debido proceso.
Es más, el abogado Luis Enrique
Fernández Estrella, quién fuera asesor legal del entonces alcalde de Lunahuanà
Javier Alvarado, hoy su Gerente General en el Gobierno Regional de Lima, en
vísperas del inicio del Juicio Oral a Alvarado y otros, ha iniciado un periplo
por los Medios de Comunicación, sumamente complacientes con ellos, para
concientizar al pueblo cañetano, especialmente a los magistrados que ven el
caso, de la inocencia de Alvarado y
otros. Después de 12 años de proceso
judicial, como por arte de magia “aparecen” nuevos instrumentos procesales que probarían
la total inocencia del imputado principal.
Obviamente, ningún parroquiano con dos
dedos de frente, mucho menos los magistrados, aceptarían semejantes
leguleyadas.Entònces,se impone una natural reflexión: Si Javier Jesús Alvarado
Gonzáles del Valle, es inocente de las imputaciones que le hacen, por 12 años,
los agentes de la administración de justicia cañetana, entonces: ¿Qué hacen en
la cárcel los sentenciados ex – alcaldes distritales Numa Rueda Caycho de
Chilca y José Arias Chumpitàz de Asia, a quienes se les imputó menores cargos
delictuosos?
Entonces, ¿Qué hacen en la cárcel los
sentenciados Falcón y Bernal de la empresa consultora REFTEN, quienes
utilizaron en Lunahuanà los mismos “mecanismos” impuestos en Chilca y Asia,
para cobrar las millonarias comisiones
por las cobranzas coactivas a
Telefónica del Perù.
Entònces, fiscales, peritos y jueces,has estado totalmente equivocdos por 12 años que dura el juicio. Ademàs, la defensa de Javier Alvarado recien e da cuenta de que "no hay" los elemento de juicio para una sentencia conenatoria. A vìspera del inicio del juicio oral,recièn empiezan a "descubrir" documentos para una defensa.
Si hubiesen estado convencido de su inocencia no habrìan presentado tantas leguletyadas para tratar de quebrar el juicio en sus diferentes etapas. A la gente de Alvarado le convenìa que el juicio se tremìne lo antes posible.
Por lo tanto, tampoco, como lo hìcieron en su momento,Liliana Torres y Josè Arias, no pueden invocar "persecuciòn polìtic", porque hce 12 años en que empezò este juicio, ninguno de los imputados tenìa figura polìtica, aùn eras olìmpicos desconocidos.
Lo otro de sus ex - aliados polìticos, como Roger Taboada, entre otros, es problema aparte que no tiene nad que ver con los autènticos intreses del pueblo de la Regiòn Lima, sino que es netamente conflicto por la distribuciòn del poder polìtico en el gobierno regional. Es decir, problems de "reparticiòn de torta".
En resumen, no pasa por desapercibida a la población cañetana y
regional, la evidente concertación de voluntades desde el Ministerio Público de
Cañete (ojalá no suceda lo mismo con el Poder Judicial), el flagrante
encubrimiento del delito, administrando justicia diferenciada, según el
justiciable. No solamente es corrupto el que delinque sino también el juzgador
que lo encubre. Y, esa “miopía” no
sería gratis, ¿no?...
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