Toda gestión se mide por resultados. A casi 19 años de la dación de la Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales del Perú, aprobada en el Congreso de la República el 8 de noviembre del año 2002 y promulgada en palacio de gobierno por el presidente de la república Alejandro Toledo Manrique el 16 de noviembre del 2002, es bueno hacer un alto en el camino, para ensayar una somera y desapasionada evaluación del camino recorrido por estos pretendidos gobiernos sub-nacionales. Para ello, hemos logrado recopilar los testimonios de colegas periodistas de todo el territorio nacional, concluyendo con cifras en rojo. Es que, no solamente se trataba de "cortar en retazo"el mapa del Perú, se trataba de un previo estudio geo-político que considere la realidad, potencial y debilidades de cada región, a fin de establecer políticas de gobierno sub-nacional en concordancia con los lineamientos generales del gobierno nacional, porque no podemos ser otro país dentro del mismo país.
Hoy, en el año 2021, nos encontramos frente a gobiernos regionales sin desarrollo regional, sin inversiones públicas y privadas sostenidas y sostenibles. Los gobernantes que se turnan cada cuatro años, se limitan a vivir de las transferencias mensuales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin iniciativas propias para generar recursos para un auto sostenimiento, como sucede en otros países. Es decir, sin la menor idea de lo que significa el bienestar común de sus pueblos que la integran. Subsiste la nefasta centralización del poder político y económico desde las capitales regionales, creándose "Unidades Ejecutoras", de pantomima,sin autonomía en el manejo logístico y económico de los recursos de inversión de obras pública de sus jurisdicciones.
En este contexto, se reproducen las deformaciones que se evidencian en el gobierno nacional y municipales. La inoperancia de gobernadores y consejeros regionales que, amén de cobrar sueldos y dietas mensual, muchos están involucrados en actos de corrupción al aliarse para consumar la depredación de los recursos regionales.
Y, ¿que hacen los entes fiscalizadores del Estado para frenar el rapiñaje en las regiones?. Lamentablemente,la Contraloría General de la República, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el Ministerio Público que recibe diarias denuncias penales, y el Poder Judicial que no sanciona los lesivos delitos de lesa corrupción, vienen fracasando rotunda y sospechosamente en estos actos de desvergonzada impunidad. En resumen, a la luz de los hechos, aún no tenemos ni Regionalización ni Descentralización auténtica. ¡¡¡Urgente!!! Reformas Políticas a través de una nueva Constitución.
