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miércoles, 8 de enero de 2014

¿UNIVERSIDADES NACIDAS POR "CESÀREAS"?


La burbuja universitaria en el debate
MANUEL BURGA HISTORIADOR DOCENTE UNIVERSITARIO

LA BURBUJA UNIVERSITARIA, podemos llamar así, con cierta licencia semántica, al crecimiento desmedido del número de universidades, públicas y privadas, en nuestro país.
De acuerdo con las estadísticas de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), tenemos 137 universidades, 51 públicas y 86 privadas, para 30 millones de habitantes, cuando en realidad sería suficiente 60 universidades, 30 públicas y 30 privadas, si todas ellas fueran de calidad. Esta proporción, que corresponde a las necesidades del país, permitiría un uso más razonable y rentable de los recursos materiales y docentes con los que contamos en este momento.   Miremos el caso de dos viejos sistemas universitarios: España, con 47 millones de habitantes, tiene 81 universidades, casi todas públicas. Igualmente Francia, con 66 millones de habitantes, en 2011 tenía 80 universidades, casi todas públicas, La Sorbonne en París y la Universidad de Estrasburgo en Alsacia, como ejemplos de universidad metropolitana y regional, ambas de calidad. 
Ese mismo año, 2011, el CNRS, el gran Concytec francés, propuso iniciar un proceso de aglutinación de universidades en las regiones para un mejor uso de sus recursos materiales y docentes.
El escenario universitario peruano actual está dominado por los siguientes elementos:
Primero, una burbuja que tiene mucha elasticidad y genera una singular oportunidad de estudios para todos los jóvenes que tienen recursos y un interesante mercado de trabajo para muchos docentes de las universidades públicas, aunque muchos de ellos viven esta realidad de manera furtiva y en precario provecho personal. 
Segundo, todas las universidades peruanas se encuentran fuera del ranking de las 500 o 1,000 mejores universidades del mundo.
Recién aparecen cuando miramos a las 100 mejores universidades de América Latina, donde encontramos a las muy conocidas PUCP, UPCH y la UNMSM, ubicadas en los dos últimos tercios.   Tercero, nuestras universidades públicas, contrariamente a lo que sucede en toda la región, carecen de calidad, no investigan y tienen gobiernos universitarios clientelistas e ineficientes.
Cuarto, la temeraria carrera de algunas universidades privadas por captar alumnos sin selección alguna en los niveles socioeconómicos A, B y C amenaza a las universidades privadas serias  que aparecen en los rankings. 
La referida burbuja nació tímidamente en la década de 1960 como respuesta a una universidad pública más interesada en la política que en lo académico, el conocimiento y la investigación.
Se vuelve visible en los años noventa y, sobre todo, a partir de 1996, con el DL Nº 882, en que empieza su loca carrera inflacionaria.
Esta proliferación de universidades es defendida con el falso argumento de que es saludable, crea capital humano de calidad y contribuye a la estabilidad del modelo económico primario exportador actual. 
En mi experiencia, este fenómeno no es nada saludable. Por ejemplo, ha llevado a la matrícula en la universidad privada al 62% de la matrícula universitaria total porque simplemente no hacen ninguna selección, ni al ingresar ni después.
Esto lo saben los estudiantes y los docentes, y lo viven como una realidad angustiante. Es, a la vez, un enorme mercado de trabajo para los docentes de las universidades públicas, que una vez nombrados en sus universidades de origen se convierten en docentes “golondrinos” o “invisibles” en las universidades privadas.  De esta manera, el presupuesto de las privadas de calidad y del tesoro público terminan al servicio de esta burbuja inflada por los negociantes de la educación superior universitaria. 
El número no es necesariamente malo. Lo malo es la naturaleza de esta burbuja que amenaza a las universidades privadas de calidad y permite que muchas privadas vivan parasitariamente del tesoro público.
Pero lo más negativo es apropiarse de los docentes, de manera inadvertida, también del campo clínico, en el caso de medicina, en los hospitales del Estado, donde utilizan la misma contratación de docentes de las universidades públicas.
En estas circunstancias, es muy explicable escuchar o leer las argumentaciones por una mayor discusión del dictamen de la nueva ley universitaria para mandarla a las calendas griegas y seguir en la situación actual.
¿Quién, finalmente, regula esta burbuja para evitar la demolición de la universidad peruana? ¿Quiénes son, entonces, los interesados en una educación universitaria de calidad? Los estudiantes y  los padres de familia, sin lugar a dudas, pero sobre todo el Estado que tiene la obligación de preocuparse por el futuro de la Nación. No es un tema solamente político, ideológico, sino de responsabilidad con el país.



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