El Estado Peruano, durante toda su vida republicana, siempre ha respondido-hasta el extremo de la sumisión- a las exigencias de Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana y, de los nunca satisfechos intereses de las grandes empresas transnacionales que operan en el país. Ignorar esta patética realidad sería como pretender tapar con un dedo la luz del Sol.
TERMOELÉCTRICA EN CHILCA
En las últimas décadas, en las diversas plataformas de comunicación social que dirigimos, denunciamos que El Estado Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, actuaba como cómplice de la "desaparecida" empresa eléctrica extranjera "Ege Chilca", al aprobarle un Estudio de Impacto Ambiental que resultó ser un plagio del EIA de una empresa minera del sur peruano. Ante la denuncia, Ege Chilca decide "renunciar" a su cometido de instalarse a orillas de las Playas "Yaya" de Las Salinas de Chilca. Sin embargo, al poco tiempo "aparece" la empresa eléctrica "Fénix Power", con la venia estatal se instala en el mismo lugar que "dejó" Ege Chilca,donde permanece hasta hoy. Cuando el Estado Peruano tiene la sartén por el mango, de nada valen las protestas ciudadanas.
LECHE "PURA VIDA
Tuvo que ser el Estado de Panamá, el que diera la voz de alerta, al prohibir la comercialización y consumo de "la leche" peruana "Pura Vida", por considerarla una estafa pública, al detectar que el producto no era leche sino un derivado de otra variedad de lácteo.
Es recién qué, "hipócritamente" las autoridades peruanas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, buscan que lavarse las manos como "Pilatos", pidiendo que INDECOPI, aplique las más severas sanciones para las empresas infractoras e inclusive determinar la prohibición de la venta y consumo del referido producto en el mercado nacional. Pero, no se dice nada sobre la responsabilidad de la Dirección General de Salud (DIGESA) entidad estatal que autorizó la comercialización y consumo del citado producto.
MALOS PRECEDENTES
Ante los malos precedentes, demandamos que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, revisen todas las autorizaciones emitidas por sus diversas dependencias para la comercialización y consumo humano de todos los productos alimenticios que se encuentran en el mercado peruano, como única forma de velar y proteger la salud pública, es decir, la salud y vida de los 33 millones de peruanos.
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